La agenda eléctrica

Periódico Listin Diario, Martes 25 de Agosto del 2009

La agenda eléctrica

Julio Ortega Tous

URL:
http://listindiario.com.do/app/article.aspx?id=112657

El cambio de mando en la CDEEE exige una definición de la agenda eléctrica. En los últimos 20 años se ha debatido intensamente el rol del Estado y del sector privado en el desarrollo de la industria eléctrica.

El deterioro creciente desde mediados de los años 1970 de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) planteó cuál modelo de desarrollo se debe implantar en nuestro país para tener un sistema electrico confiable, estable y costoeficiente.

Es indudable que el descuido de los gobiernos reformistas y perredeístas en los planes de inversión en el sector electrico, aumentaron las deficiencias del mismo.

Cuando la dictadura de Trujillo decidió estatizar todas las empresas existentes que daban servicio electrico en 1955, se dio un paso importante en crear un Sistema Electrico Nacional Interconectado.

Hasta esa fecha sólo existían empresas extranjeras que daban servicios localizados a un área geográfica, como la “Compañía eléctrica de Santo Domingo”, que cubría la zona de la capital, las pequeñas empresas municipales en el interior del país o empresas “privadas” casi artesanales.

Hoy en día hay casos parecidos a las empresas aisladas de la época anterior a 1955. La Compañía eléctrica Punta Cana- Macao (CEPM), que da servicios a la zona de Punta Cana y Bavaro. La empresa que da servicio en la zona norte de la provincia de Samaná, en el sector de Las Terrenas son ejemplos.. La interconexión del sistema nacional que creó la CDE, permitió la instalación de plantas de mayor tamaño que estabilizaban el servicio haciéndolo mas eficiente. Sin embargo, la falta de planes de los gobiernos posteriores a la caída de la dictadura no trajo consigo una inversión constante en un servicio vital para el desarrollo que es muy intensiva en capital.

Primero los gobiernos del Presidente Balaguer, entre 1966 y 1978 descuidaron las inversiones necesarias en generación, transmisión y distribución eléctrica. Los empresarios y los hogares con posibilidades comenzaron a proveerse de su “autogeneración” con “plantas de emergencia”. Entre 1978 y 1986 la situación se agravó y los gobiernos perredeístas de Antonio Guzmán y de Salvador Jorge Blanco tampoco pusieron el énfasis necesario.

La crisis mayor se vivió a partir de 1986, con el retorno del Presidente Balaguer al poder, y una política de improvisación en el sector. Para muestra están los casos de la terminación de Itabo II y el de HydroQuebec. Ante el colapso del sistema, se adoptó una ley en 1990 de “incentivos fiscales” para que el sector privado invirtiera en base a exoneraciones permanentes y que fue derogada en 1992.

Es realmente en 1992, cuando el Banco Mundial y el BID plantean al gobierno de entonces una reforma integral, que contenía en su concepción gran parte de los elementos que se incluyeron en la Ley General de Electricidad. En 1992 y 93 se definieron, con la ayuda de la firma inglesa Coopers & Lybrand y la firma chilena de consultoría de ENDESA Chile –pagados por el BM-, lo que posteriormente fue la Reforma de la CDE y partición siete empresas, y la Ley General de Electricidad, cuya primera versión fue enviada al Congreso el 27 de diciembre de 1993.

La idea central fue hacer del Estado solamente un regulador del sistema, y proveer únicamente el servicio de transmisión, a través de una empresa estatal (ETED) y el servicio de la hidroelectricidad, a través de otra empresa estatal (EGID). El rol central del Estado se contrajo a una regulación fuerte, vía la Superintendencia de Electricidad (SIE) y la planificación del sistema, vía la Comisión Nacional de Energía (CNE).

El sector privado quedaría en control de la producción o generación eléctrica, vía inversión propia o vía la privatización (capitalización) de las antiguas plantas térmicas de la CDE (EgeItabo y EgeHaina).

Igualmente se traspasó al sector privado la distribución de la electricidad en tres empresas regionales (EdeNorte, EdeSur, y EdeEste), las cuales fueron adquiridas por Unión Fenosa de España las dos primeras y AES Corporation de Estados Unidos la última.

A partir de 1999 fueron efectuados esos traspasos. Otro componente central del nuevo sistema sería que las plantas generadoras serían despachas en base a un sistema de precios marginales, que premiaba al más eficiente y sacaba a los ineficientes del orden de merito.

¿Por qué ese sistema no funcionó? ¿Cuáles elementos concurrieron para que no funcionara como fue concebido y diseñado? En primer lugar, el sistema comenzó con una tara importante: no había regulación al momento de pasarse las empresas al sector privado. En realidad la SIE comenzó a funcionar DESPUES de la reforma. La Ley General de Electricidad no fue establecida hasta 2001.

Además un sistema con DEFICIT de producción no puede establecerse como un sistema basado en el despacho económico en base a precios marginales. En segundo lugar, el gobierno de Hipólito Mejía que se juramentó en agosto de 2000, nunca estuvo identificado con el nuevo sistema.

Lo satanizó. Las propias empresas distribuidoras prefirieron recostarse del gobierno a hacer el esfuerzo de cobrar la energía. Se establecieron instrumentos que legalizaron el robo, como el famoso PRA, o un fondo para no transparentar los costos de la energía, como el llamado Fondo de Estabilización de la Tarifa (FET).

Pero lo más importante, la estocada mortal, fue el llamado “Acuerdo de Madrid”, que eliminó de cuajo el sistema de despacho en base a precios marginales, y transformó a todos los generadores en vendedores a precio establecido, como los famosos PPA de Smith Enron y Cogentrix, que eran los únicos que quedaban.

De tres años que le quedaban a los generadores con una formula de transición, el gobierno de Mejía transformó todo el sistema en PPA a 15 años, con formulas leoninas, y eso comenzó a darle al sistema un “sesgo anti-distribución”.

Finalmente la devaluación de mediados de 2002 del peso, y su no traslado a la tarifa eléctrica quebró todos los distribuidores. El golpe final fue la estatización de las acciones de Unión Fenosa en EdeNorte y EdeSur en 2003.

Todo el sistema cambió. 2004 inició con un sistema en quiebra, colapsado y sin posibilidad de funcionar sin la intervención del Estado. Ahora, luego de 5 años hay que crear un nuevo paradigma, que integre la experiencia pasada, el modelo diseñado y un papel más activo del Estado y del sector privado.

El cambio de mando en la CDEEE exige una definición de la agenda eléctrica. En los últimos 20 años se ha debatido intensamente el rol del Estado y del sector privado en el desarrollo de la industria eléctrica.

El deterioro creciente desde mediados de los años 1970 de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) planteó cuál modelo de desarrollo se debe implantar en nuestro país para tener un sistema electrico confiable, estable y costoeficiente.

Es indudable que el descuido de los gobiernos reformistas y perredeístas en los planes de inversión en el sector electrico, aumentaron las deficiencias del mismo.

Cuando la dictadura de Trujillo decidió estatizar todas las empresas existentes que daban servicio electrico en 1955, se dio un paso importante en crear un Sistema Electrico Nacional Interconectado.

Hasta esa fecha sólo existían empresas extranjeras que daban servicios localizados a un área geográfica, como la “Compañía eléctrica de Santo Domingo”, que cubría la zona de la capital, las pequeñas empresas municipales en el interior del país o empresas “privadas” casi artesanales.

Hoy en día hay casos parecidos a las empresas aisladas de la época anterior a 1955. La Compañía eléctrica Punta Cana- Macao (CEPM), que da servicios a la zona de Punta Cana y Bavaro. La empresa que da servicio en la zona norte de la provincia de Samaná, en el sector de Las Terrenas son ejemplos.. La interconexión del sistema nacional que creó la CDE, permitió la instalación de plantas de mayor tamaño que estabilizaban el servicio haciéndolo mas eficiente. Sin embargo, la falta de planes de los gobiernos posteriores a la caída de la dictadura no trajo consigo una inversión constante en un servicio vital para el desarrollo que es muy intensiva en capital.

Primero los gobiernos del Presidente Balaguer, entre 1966 y 1978 descuidaron las inversiones necesarias en generación, transmisión y distribución eléctrica. Los empresarios y los hogares con posibilidades comenzaron a proveerse de su “autogeneración” con “plantas de emergencia”. Entre 1978 y 1986 la situación se agravó y los gobiernos perredeístas de Antonio Guzmán y de Salvador Jorge Blanco tampoco pusieron el énfasis necesario.

La crisis mayor se vivió a partir de 1986, con el retorno del Presidente Balaguer al poder, y una política de improvisación en el sector. Para muestra están los casos de la terminación de Itabo II y el de HydroQuebec. Ante el colapso del sistema, se adoptó una ley en 1990 de “incentivos fiscales” para que el sector privado invirtiera en base a exoneraciones permanentes y que fue derogada en 1992. Es realmente en 1992, cuando el Banco Mundial y el BID plantean al gobierno de entonces una reforma integral, que contenía en su concepción gran parte de los elementos que se incluyeron en la Ley General de Electricidad. En 1992 y 93 se definieron, con la ayuda de la firma inglesa Coopers & Lybrand y la firma chilena de consultoría de ENDESA Chile –pagados por el BM-, lo que posteriormente fue la Reforma de la CDE y partición siete empresas, y la Ley General de Electricidad, cuya primera versión fue enviada al Congreso el 27 de diciembre de 1993.

La idea central fue hacer del Estado solamente un regulador del sistema, y proveer únicamente el servicio de transmisión, a través de una empresa estatal (ETED) y el servicio de la hidroelectricidad, a través de otra empresa estatal (EGID). El rol central del Estado se contrajo a una regulación fuerte, vía la Superintendencia de Electricidad (SIE) y la planificación del sistema, vía la Comisión Nacional de Energía (CNE).

El sector privado quedaría en control de la producción o generación eléctrica, vía inversión propia o vía la privatización (capitalización) de las antiguas plantas térmicas de la CDE (EgeItabo y EgeHaina). Igualmente se traspasó al sector privado la distribución de la electricidad en tres empresas regionales (EdeNorte, EdeSur, y EdeEste), las cuales fueron adquiridas por Unión Fenosa de España las dos primeras y AES Corporation de Estados Unidos la última.

A partir de 1999 fueron efectuados esos traspasos. Otro componente central del nuevo sistema sería que las plantas generadoras serían despachas en base a un sistema de precios marginales, que premiaba al más eficiente y sacaba a los ineficientes del orden de merito.

¿Por qué ese sistema no funcionó? ¿Cuáles elementos concurrieron para que no funcionara como fue concebido y diseñado? En primer lugar, el sistema comenzó con una tara importante: no había regulación al momento de pasarse las empresas al sector privado. En realidad la SIE comenzó a funcionar DESPUES de la reforma. La Ley General de Electricidad no fue establecida hasta 2001.

Además un sistema con DEFICIT de producción no puede establecerse como un sistema basado en el despacho económico en base a precios marginales. En segundo lugar, el gobierno de Hipólito Mejía que se juramentó en agosto de 2000, nunca estuvo identificado con el nuevo sistema.

Lo satanizó. Las propias empresas distribuidoras prefirieron recostarse del gobierno a hacer el esfuerzo de cobrar la energía. Se establecieron instrumentos que legalizaron el robo, como el famoso PRA, o un fondo para no transparentar los costos de la energía, como el llamado Fondo de Estabilización de la Tarifa (FET).

Pero lo más importante, la estocada mortal, fue el llamado “Acuerdo de Madrid”, que eliminó de cuajo el sistema de despacho en base a precios marginales, y transformó a todos los generadores en vendedores a precio establecido, como los famosos PPA de Smith Enron y Cogentrix, que eran los únicos que quedaban.

De tres años que le quedaban a los generadores con una formula de transición, el gobierno de Mejía transformó todo el sistema en PPA a 15 años, con formulas leoninas, y eso comenzó a darle al sistema un “sesgo anti-distribución”.

Finalmente la devaluación de mediados de 2002 del peso, y su no traslado a la tarifa eléctrica quebró todos los distribuidores. El golpe final fue la estatización de las acciones de Unión Fenosa en EdeNorte y EdeSur en 2003.

Todo el sistema cambió. 2004 inició con un sistema en quiebra, colapsado y sin posibilidad de funcionar sin la intervención del Estado. Ahora, luego de 5 años hay que crear un nuevo paradigma, que integre la experiencia pasada, el modelo diseñado y un papel más activo del Estado y del sector privado.