Enderezar el entuerto, sin renegociar

Puntos de vista
Enderezar el entuerto, sin renegociar

Julio Ortega Tous

Listín Diario 4 de Agosto 2009

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La electricidad sigue siendo el mayor problema del país. En la reforma puesta en vigencia en 1999, que conllevó la división de la vieja CDE en 7 empresas y la privatización de 5 de ellas (Edenorte, Edesur, Edeeste, EGE Haina y EGE Itabo) comenzó a implementarse en el país una organización del sector eléctrico que tenía por meta crear un mercado eléctrico y un sistema costo-eficiente. También la nueva estructura del sector se suponía que debía acabar con los apagones y eliminar en el mediano término la no viabilidad financiera del sistema, y por tanto los subsidios y aportes de capital que el gobierno tiene que transferir al sistema en su conjunto, en particular en beneficio de actores privados. Pero no resultó como se planeó.

¿Cuál fue la “lógica” de la reforma? Primero, liquidar el monopolio del Estado en el sector eléctrico que se ejercía a través de la CDE. El modelo del monopolio estatal de electricidad fue muy extendido en el mundo, y también promovido en sus origines por el propio Banco Mundial, como forma de “universalizar” el servicio eléctrico. Esa política promovió empresas integradas verticalmente, como monopolio estatal. Con excepción de los Estados Unidos, ese modelo fue el dominante en el mundo. Unificó los sistemas eléctricos aislados de distintos países y dio sentido “nacional” a la provisión de electricidad. La deficiencia creciente del servicio en nuestro país puso en entredicho la necesidad misma de un monopolio estatal de electricidad. Desde los años 80 comenzaron las propuestas para desmontar la CDE.

En 1990 se hizo la primera ley de incentivo a la inversión privada, basada en incentivos fiscales de todo tipo. Fue muy efímera, ya que en 1992 fue eliminada con la reforma tributaria. Finalmente se impuso una formula de “capitalizar” el sector eléctrico bajo el modelo implementado en Bolivia. Las empresas eléctricas o los activos del Estado no se privatizaban, no se vendían a los privados. Se “aportaban” a nuevas empresas como el 50%, y los privados aportaban otro 50% de capital fresco, pero conservaban el 100% del control de la empresa y de todas sus decisiones, dejando la participación accionaria del Estado si al menos una “acción de oro”, con la cual el gobierno tiene derecho a veto.

Posteriormente el llamado Acuerdo de Madrid (AM) permitió a los generadores que se salieran de la capitalización de las empresas públicas y a otros generadores menores, un contrato de 15 años con las tres Edes, y vender bajo una formula de precio distorsionada. En el AM se contrataron 1.100 MW en total. Nunca ha dado mas 600 MW. El problema principal es la sobreindexación, ya que los mismos están a precio fijo de 17 dólares el barril de Fuel Oil #6 (que es el 60% del parque de generación) y 28.65 dólares la TM de carbón. El Gas Natural no fue incluido ya que no era un combustible existente en la matriz energética de 2001, año del AM. Se supone que el costo del combustible, y así está estipulado en el AM, es un costo directo en el precio de la energía, un “pass through” como le llaman. Pero en realidad no es así. Mientras mayor sea el costo de barril de fuel o la TM de carbón mas es el diferencial que pagan las distribuidoras a las generadoras. Un cálculo advierte que en el año 2008, de los US$1.300 millones transferidos por el Estado al sector, el sobrecosto de combustible representó US$500 millones. De los US$700 millones estimados como déficit este año del sector, unos 300 millones corresponden al sobrecosto de combustible.

Sólo la generadora Palamara-La Vega accedió a renegociar su formula aplicada, o mas bien a aplicar la formula sin sobreindexación. Tan solo en 2008, esa renegociación de Palamara-La Vega representó un ahorro para Edenorte y Edesur de US$ 35 millones. Otra deformación es que los beneficiarios aplican un cargo por capacidad contratada que nunca cumplen. Por ejemplo, una generadora que tiene 210 MW contratados no produce en ocasiones ni un kilovatio, pero le compra a otra empresa relacionada energía barata, la pone en red como si fuera producida por el que es beneficiario del AM a un precio más alto y cobra un cargo por capacidad inexistente. No produce nada y obtiene un beneficio comprando la energía al otro generador de 2 centavos de dólar por KV adicionales. Cuando hablamos de 210,000 KV por hora, esto representa 4200 dólares de sobrecosto por hora, 100.800 por día, solo por una treta financiera y una violación contractual.

Lo primero que hay que hacer es enderezar el entuerto. Eliminar la sobreindexación de combustible de los generadores del Acuerdo de Madrid, eliminar las compras financieras de energía, impedir que una planta arriba en el orden de merito no sea despachada porque no le interesa al dueño porque quiere ganar dos centavos mas por KV, y otros entuertos. Cumplir con el Acuerdo de Madrid sin deformarlo.